Los términos y co­n­di­cio­nes tienen como finalidad si­m­pli­fi­car la gestión co­n­tra­c­tual y ofrecer pro­te­c­ción jurídica a todas las partes im­pli­ca­das. Sirven para unificar los pro­ce­di­mie­n­tos, derechos y obli­ga­cio­nes que se aplican en las compras. Pero ¿qué deben incluir exac­ta­me­n­te los términos y co­n­di­cio­nes, por qué son tan im­po­r­ta­n­tes y qué errores debes evitar?

Resumen

  • Los términos y co­n­di­cio­nes son cláusulas pre­fo­r­mu­la­das que el vendedor aplica a todas las tra­n­sac­cio­nes.
  • Solo son vi­n­cu­la­n­tes si el cliente puede co­n­su­l­tar­los fá­ci­l­me­n­te y los acepta de forma expresa, por ejemplo, con una casilla de “Acepto”.
  • Deben incluir, entre otros, datos del vendedor, pago, entrega, garantía, re­s­po­n­sa­bi­li­dad y pri­va­ci­dad de datos.
  • Las pla­n­ti­llas y ge­ne­ra­do­res sirven de punto de partida, pero la versión final debe adaptarse y revisarla un abogado.
  • Errores fre­cue­n­tes: lenguaje ambiguo, reglas poco claras sobre de­vo­lu­cio­nes y re­em­bo­l­sos, cláusulas injustas y una mala es­tru­c­tu­ra.

¿Qué son los términos y co­n­di­cio­nes?

Los términos y co­n­di­cio­nes son cláusulas co­n­tra­c­tua­les pre­fo­r­mu­la­das que una parte (por lo general, el vendedor) pone a di­s­po­si­ción de otra (no­r­ma­l­me­n­te, el comprador). Una ca­ra­c­te­rí­s­ti­ca im­po­r­ta­n­te de los términos y co­n­di­cio­nes es que los establece el propio vendedor. Por ese motivo, suelen aplicarse a todas las tra­n­sac­cio­nes rea­li­za­das a través de la empresa y no solo a ventas in­di­vi­dua­les. Si el vendedor desea mo­di­fi­car­los, los clientes deben ser in­fo­r­ma­dos y aceptar ex­plí­ci­ta­me­n­te los cambios (por ejemplo, mediante una casilla de ve­ri­fi­ca­ción) antes de completar una nueva tra­n­sac­ción. Incumplir estas di­s­po­si­cio­nes puede acarrear co­n­se­cue­n­cias legales para el vendedor, y la normativa aplicable puede variar según el estado. Por ello, es re­co­me­n­da­ble consultar a un abogado.

Las empresas deben ase­gu­rar­se de que sus términos y co­n­di­cio­nes cumplen con la normativa es­ta­dou­ni­de­n­se vigente en materia de pro­te­c­ción al co­n­su­mi­dor, incluidas leyes estatales de pri­va­ci­dad como la Ca­li­fo­r­nia Consumer Privacy Act (CCPA) y su mo­di­fi­ca­ción, la Ca­li­fo­r­nia Privacy Rights Act (CPRA), que exigen tra­n­s­pa­re­n­cia sobre cómo se gestionan los datos de los co­n­su­mi­do­res, es­pe­cia­l­me­n­te en el caso de re­si­de­n­tes en Ca­li­fo­r­nia. Además, las normas y di­re­c­tri­ces de la Federal Trade Co­m­mi­s­sion (FTC), como la Restore Online Shoppers’ Co­n­fi­de­n­ce Act (ROSCA) para su­s­cri­p­cio­nes y re­no­va­cio­nes au­to­má­ti­cas, pueden influir en la in­fo­r­ma­ción que debe incluirse en los términos y co­n­di­cio­nes.

Para ga­ra­n­ti­zar que los términos y co­n­di­cio­nes sean le­ga­l­me­n­te vi­n­cu­la­n­tes, el vendedor debe ponerlos a di­s­po­si­ción de forma clara y obtener el co­n­se­n­ti­mie­n­to expreso del cliente (por ejemplo, mediante una casilla de “Acepto” en el proceso de compra). Por este motivo, si­m­ple­me­n­te colocar un enlace en algún lugar de la página web (los llamados acuerdos “bro­w­se­w­rap”) no suele ser su­fi­cie­n­te. Los tri­bu­na­les tienden a reconocer con más facilidad los acuerdos “clickwrap”, en los que el cliente confirma ac­ti­va­me­n­te los términos. En contextos donde esto no es viable (como en cines o es­ta­cio­na­mie­n­tos) basta con mostrar los términos y co­n­di­cio­nes de forma visible. En estos casos, la compra del producto o servicio implica que el comprador acepta los términos.

¿Por qué son im­po­r­ta­n­tes los términos y co­n­di­cio­nes para las tiendas online?

En las tra­n­sac­cio­nes co­me­r­cia­les ha­bi­tua­les, como las ventas en tiendas online, los contratos de co­m­pra­ve­n­ta de bienes se rigen en gran medida por el Uniform Co­m­me­r­cial Code (UCC), adoptado en alguna de sus formas por todos los estados. Al es­ta­ble­cer términos y co­n­di­cio­nes, los ve­n­de­do­res pueden definir sus propias reglas dentro de este marco legal sin tener que ne­go­ciar­las in­di­vi­dua­l­me­n­te con cada cliente. Las cláusulas bien re­da­c­ta­das ofrecen una mayor pro­te­c­ción legal al es­ta­ble­cer desde el principio los derechos y re­s­po­n­sa­bi­li­da­des de ambas partes. Los términos y co­n­di­cio­nes co­n­s­ti­tu­yen la base legal esencial de un contrato, es­pe­cia­l­me­n­te cuando las partes no in­ter­ac­túan cara a cara, como en el caso del comercio ele­c­tró­ni­co.

Nota

Si tu empresa está sujeta a la Ca­li­fo­r­nia Consumer Privacy Act (CCPA), debes pro­po­r­cio­nar in­fo­r­ma­ción clara sobre la re­co­pi­la­ción, el uso y el in­te­r­ca­m­bio de datos de los usuarios re­si­de­n­tes en Ca­li­fo­r­nia. La CCPA se aplica a empresas con fines de lucro que superan de­te­r­mi­na­dos umbrales, por ejemplo, de fa­c­tu­ra­ción anual o de volumen de datos pe­r­so­na­les tratados.

La ventaja de estas cláusulas para el vendedor es que las mismas co­n­di­cio­nes se aplican a cada compra y a cada cliente. Sin embargo, el comprador debe aceptar los términos y co­n­di­cio­nes antes de poder realizar una compra. Para los co­n­su­mi­do­res, esto suele implicar leer textos largos y complejos o si­m­ple­me­n­te ace­p­tar­los confiando en que no incluyan sorpresas des­agra­da­bles. Por este motivo, es re­co­me­n­da­ble leer al menos los puntos más im­po­r­ta­n­tes y tener presente que ciertas cláusulas son obli­ga­to­rias por ley.

Qué debe tenerse en cuenta al redactar los términos y co­n­di­cio­nes

Los términos co­n­tra­c­tua­les y de entrega que el cliente acepta antes de la compra son definidos por el vendedor. Sin embargo, esto no significa que tenga total libertad al redactar los términos y co­n­di­cio­nes: existen di­re­c­tri­ces y re­qui­si­tos legales que influyen en qué cláusulas deben incluirse y cómo re­da­c­tar­las. Entre ellas se en­cue­n­tran, por ejemplo, detalles sobre quién es re­s­po­n­sa­ble por daños y cómo se gestiona la carga de la prueba en caso de daños o defectos.

En contratos entre empresas (B2B), el vendedor puede es­pe­ci­fi­car el lugar de ju­ri­s­di­c­ción para posibles re­cla­ma­cio­nes. En contratos con co­n­su­mi­do­res (B2C), la ju­ri­s­di­c­ción debe respetar las normas de pro­te­c­ción al co­n­su­mi­dor del estado co­rre­s­po­n­die­n­te. Además, los términos y co­n­di­cio­nes deben ser claros y co­m­pre­n­si­bles para personas sin co­no­ci­mie­n­tos jurídicos.

Los términos y co­n­di­cio­nes deberían incluir:

  • In­fo­r­ma­ción sobre el vendedor
  • Alcance del contrato
  • Objeto del contrato
  • Plazos
  • Re­qui­si­tos formales
  • Li­mi­ta­cio­nes de re­s­po­n­sa­bi­li­dad
  • Pago
  • Co­n­di­cio­nes de entrega
  • Garantía
  • Reserva de propiedad (retention of title)
  • In­fo­r­ma­ción sobre el al­ma­ce­na­mie­n­to del contrato
  • Pri­va­ci­dad de datos y derechos del usuario (cu­m­pli­mie­n­to con CCPA y, si procede, con el RGPD para usuarios de la UE)
  • In­fo­r­ma­ción sobre di­s­po­ni­bi­li­dad en varios idiomas, en caso de clientes in­te­r­na­cio­na­les

Redactar términos y co­n­di­cio­nes implica cumplir con normas es­pe­cí­fi­cas y re­s­tri­c­cio­nes legales. Por ejemplo, el vendedor solo puede excluir las garantías im­plí­ci­tas (por ejemplo, vendiendo productos “tal cual” o as is) si lo indica de forma bien visible, y algunos estados limitan o prohíben estas ex­clu­sio­nes para bienes de consumo. Si se ofrece una garantía escrita, la ley federal Magnuson-Moss Warranty Act también limita la exclusión de las garantías im­plí­ci­tas. Asimismo, cualquier de­s­ve­n­ta­ja para el co­n­su­mi­dor debe de­cla­rar­se de manera clara y visible, nunca escondida. Las cláusulas que un tribunal considere abusivas o de­s­pro­po­r­cio­na­das pueden no ser exigibles.

Los términos y co­n­di­cio­nes pueden ser objeto de revisión en un proceso judicial. Esto significa que, si un tribunal determina que una cláusula es nula o perjudica in­ju­s­ta­me­n­te al comprador, se aplicará la normativa legal co­rre­s­po­n­die­n­te. Este control garantiza la pro­te­c­ción de ambas partes: tanto del vendedor como del comprador.

Ejemplos y ge­ne­ra­do­res de términos y co­n­di­cio­nes

Por lo general, no es re­co­me­n­da­ble crear tus términos y co­n­di­cio­nes úni­ca­me­n­te mediante ge­ne­ra­do­res au­to­má­ti­cos ni copiarlos de la co­m­pe­te­n­cia. En especial, los ge­ne­ra­do­res gratuitos suelen producir do­cu­me­n­tos con lenguaje impreciso o demasiado general, y pueden omitir detalles im­po­r­ta­n­tes que son es­pe­cí­fi­cos de tu tienda online.

Los ejemplos actuales de términos y co­n­di­cio­nes de pago y las he­rra­mie­n­tas con pla­n­ti­llas es­pe­cí­fi­cas por sector pueden servir como orie­n­ta­ción y ofrecer una base sólida para redactar tus propias co­n­di­cio­nes. Sin embargo, es im­po­r­ta­n­te recordar que estas pla­n­ti­llas no siempre son adecuadas para todos los negocios dentro de una misma industria ni ne­ce­sa­ria­me­n­te cumplen con los re­qui­si­tos legales de tus ope­ra­cio­nes. Por ejemplo, las empresas que operan en EE. UU. deben ase­gu­rar­se de cumplir leyes como la Ca­li­fo­r­nia Consumer Privacy Act (CCPA) y las di­re­c­tri­ces de la Federal Trade Co­m­mi­s­sion (FTC), que pueden no estar bien co­n­te­m­pla­das en pla­n­ti­llas genéricas.

Por estos motivos, siempre debes ase­gu­rar­te de que la versión final de tus términos y co­n­di­cio­nes esté adaptada a tu negocio y revisada por un pro­fe­sio­nal legal para evitar posibles problemas jurídicos.

Los errores más comunes al crear términos y co­n­di­cio­nes

  • Términos y co­n­di­cio­nes ambiguos: usar un lenguaje vago o demasiado general en tus términos y co­n­di­cio­nes, por ejemplo en cláusulas re­la­cio­na­das con políticas de ca­n­ce­la­ción, procesos de de­vo­lu­ción o re­em­bo­l­sos, puede generar disputas legales. Es esencial que todas las co­n­di­cio­nes sean claras, es­pe­cí­fi­cas y le­ga­l­me­n­te exigibles, es­pe­cia­l­me­n­te en el contexto de los derechos del co­n­su­mi­dor.
  • No incluir in­fo­r­ma­ción sobre el idioma del contrato: si tu negocio opera in­te­r­na­cio­na­l­me­n­te u ofrece servicios en varios idiomas, conviene es­pe­ci­fi­car en qué idiomas se presentan los términos y qué idioma prevalece le­ga­l­me­n­te. Así se evitan disputas por di­fe­re­n­cias entre tra­du­c­cio­nes.
  • Cláusulas de ju­ri­s­di­c­ción y arbitraje injustas: en EE. UU., las cláusulas que fijan un tribunal concreto o el arbitraje para resolver disputas suelen ser válidas también en contratos con co­n­su­mi­do­res. Sin embargo, los tri­bu­na­les pueden no apli­car­las si están ocultas, son irra­zo­na­bles o resultan cla­ra­me­n­te injustas para el co­n­su­mi­dor, y algunos estados las re­s­tri­n­gen. Asegúrate de que sean visibles y ra­zo­na­bles.
  • Política de ca­n­ce­la­ción y de­vo­lu­ción poco clara: en EE. UU. no existe un derecho federal general de de­vo­lu­ción para compras online, por lo que tu política de de­vo­lu­cio­nes se define en los términos y co­n­di­cio­nes. Si ofreces de­vo­lu­cio­nes, explica de forma clara y sin textos in­tro­du­c­to­rios in­ne­ce­sa­rios las co­n­di­cio­nes, los plazos y el pro­ce­di­mie­n­to. En el caso de su­s­cri­p­cio­nes y re­no­va­cio­nes au­to­má­ti­cas, la Federal Trade Co­m­mi­s­sion (FTC) y la ROSCA exigen informar cla­ra­me­n­te de las co­n­di­cio­nes y ofrecer una forma sencilla de cancelar.
  • Términos poco claros sobre los costos de envío en de­vo­lu­cio­nes: aunque las empresas pueden cobrar el envío de de­vo­lu­ción, los términos re­la­cio­na­dos con los costos de envío para de­vo­lu­cio­nes deben ex­pli­car­se cla­ra­me­n­te y no dejarse a la in­te­r­pre­ta­ción. No abordar este punto de manera explícita puede derivar en disputas con los co­n­su­mi­do­res, es­pe­cia­l­me­n­te cuando la política de de­vo­lu­cio­nes no coincide con sus ex­pe­c­ta­ti­vas o con las leyes estatales.
  • Falta de en­ca­be­za­dos claros en secciones clave: en EE. UU., los términos y co­n­di­cio­nes difíciles de navegar pueden ser cue­s­tio­na­dos por co­n­su­mi­do­res o tri­bu­na­les. Por ejemplo, las secciones re­la­cio­na­das con derechos de ca­n­ce­la­ción, re­so­lu­ción de disputas o políticas de de­vo­lu­ción deben incluir en­ca­be­za­dos claros y de­s­cri­p­ti­vos (p. ej., “Política de de­vo­lu­cio­nes”, “Re­em­bo­l­sos”, “Re­so­lu­ción de disputas”). Una mala or­ga­ni­za­ción puede causar confusión y dar lugar a desafíos legales bajo las leyes de pro­te­c­ción al co­n­su­mi­dor.

Por favor, ten en cuenta el aviso legal relativo a este artículo.

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