¿Qué es la capacidad para contratar?

A diferencia de la capacidad legal, que todas las personas tienen desde su nacimiento, la capacidad para contratar o capacidad contractual depende de factores como la edad y la salud mental. Algunas personas no tienen esta capacidad y, por lo tanto, no son consideradas legalmente competentes. Esto tiene como finalidad protegerlas frente a consecuencias legales o económicas no intencionadas. Este principio aplica principalmente a menores de edad y a personas con discapacidades mentales graves.

¿Qué es la capacidad para contratar?

La capacidad para contratar se refiere a la aptitud legal de una persona para celebrar acuerdos que sean legalmente vinculantes. En Estados Unidos, se presume que toda persona de 18 años o más tiene plena capacidad para contratar. Esto significa que puede, legalmente, aceptar o asumir compromisos contractuales, como firmar un contrato de alquiler o solicitar un préstamo.

Sin embargo, esta capacidad puede estar limitada por la edad o por incapacidad mental:

• Los menores de edad (menores de 18 años) por lo general no tienen plena capacidad para contratar. La mayoría de los contratos que firman son anulables (voidable), lo que significa que pueden cancelarlos antes de cumplir los 18 o poco después. No obstante, los contratos relacionados con necesidades básicas (como alimentación, vivienda o atención médica) suelen ser válidos y exigibles (enforceable).
• Las personas con discapacidades mentales pueden carecer de capacidad para contratar si, en el momento de firmar, no comprenden la naturaleza y las consecuencias del contrato. Si esto se demuestra ante un tribunal, el contrato puede ser anulado. Esto se aplica a personas con discapacidades cognitivas graves, enfermedades mentales o que estuvieran bajo los efectos del alcohol o drogas en el momento de aceptar el acuerdo.

El objetivo de estas normas es proteger a las personas de causar daño a sí mismas a nivel económico sin darse cuenta. A diferencia de otros países, como Alemania, el sistema legal de EE. UU. no aplica categorías estrictas de edad, sino que evalúa la capacidad caso por caso.

Capacidad para contratar según la edad

Menores de edad (menores de 18 años)

En general, los menores no tienen plena capacidad contractual, lo que significa que la mayoría de los contratos que firman son anulables. Esto les da el derecho de cancelar o hacer cumplir el contrato antes de cumplir los 18 años, o dentro de un plazo razonable después de alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, existen excepciones en las que los contratos son vinculantes, como en el caso de acuerdos relacionados con necesidades básicas como alimentación, ropa, vivienda, atención médica o educación. Algunos contratos laborales también pueden ser exigibles, dependiendo de la legislación estatal.

Los menores pueden participar en acuerdos laborales informales, como trabajos de niñera, jardinería o empleos estacionales, y en general se espera que cumplan con sus obligaciones en estos casos. En algunos estados, los menores también pueden firmar contratos formales de trabajo a tiempo parcial, aunque las leyes laborales pueden exigir el consentimiento de un padre o tutor legal.

Además, los contratos aprobados por un tribunal, como los del sector del entretenimiento en estados como California, son legalmente vinculantes. Los menores que han sido legalmente emancipados —ya sea por matrimonio, servicio militar o decisión judicial— se consideran adultos y tienen plena capacidad para contratar.

Representación legal de menores

Por lo general, cualquiera de los padres puede actuar como representante legal de su hijo menor, con la autoridad para tomar decisiones en su nombre. Si los padres tienen la custodia compartida, suelen compartir también la responsabilidad de decidir sobre el bienestar del menor. Si un menor no tiene padres vivos o si estos son considerados no aptos para ejercer la patria potestad, un tutor legal designado por un tribunal asume ese rol.

Cuando los padres no están de acuerdo en una decisión importante que afecta al menor —como tratamientos médicos o vacunas—, un tribunal de familia puede intervenir. En ese caso, el juez puede conceder a uno de los padres la autoridad exclusiva para decidir, si considera que es lo mejor para el menor. Existen precedentes de este tipo de decisiones en estados como Florida.

Adultos (18 años o más)

En EE. UU., las personas de 18 años en adelante se presumen con plena capacidad para contratar. Cualquier contrato que firmen es legalmente vinculante, salvo que se demuestre que no tenían la capacidad de entender lo que estaban aceptando. Una excepción común es la incapacidad mental, que puede hacer que el contrato sea anulable si la persona no comprendía la naturaleza y consecuencias del acuerdo debido a una enfermedad o discapacidad mental. Otra excepción es el estado de embriaguez o intoxicación. Si la persona estaba gravemente afectada al momento de firmar y no podía entender lo que hacía, el contrato puede ser anulable. Sin embargo, los tribunales rara vez aceptan la intoxicación como defensa, a menos que se pruebe una afectación extrema.

Personas mayores y adultos con discapacidades mentales

Los adultos, incluyendo personas mayores, en principio se consideran con plena capacidad para contratar, salvo que haya pruebas de lo contrario. No obstante, un contrato puede ser anulado si se demuestra que la persona no era mentalmente competente en el momento de firmar.

Los tribunales suelen usar dos criterios para evaluar esto:

• El test cognitivo, que analiza si la persona comprendía el contrato.
• El test volitivo, que evalúa si, a pesar de una enfermedad mental, la persona podía tomar una decisión voluntaria.

Si alguien tiene asignado un tutor legal o existe un poder notarial (power of attorney), esa persona será la responsable de firmar contratos en su nombre.

Protecciones legales

Si alguien que no tiene capacidad legal firma un contrato, este puede ser anulado o cancelado. En el caso de menores, algunos estados tienen reglas adicionales si el menor mintió sobre su edad. En algunos estados, aun así, se le permite al menor anular el contrato; en otros, puede considerarse que debe cumplirlo.

Además, hay contratos firmados por menores que pueden volverse plenamente vinculantes una vez que cumplen los 18 años, a menos que decidan cancelarlos activamente dentro de un plazo razonable.

Limitaciones para adultos

Aunque existen restricciones legales de edad para ciertas actividades —como comprar alcohol o apostar—, la capacidad general de una persona adulta para firmar contratos no está limitada, a menos que se determine que carecía de capacidad mental en el momento de firmar.

La capacidad contractual puede verse total o parcialmente limitada si una persona padece una enfermedad mental grave o un deterioro cognitivo. Según la gravedad del caso, alguien que no tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones puede, aun así, celebrar contratos legalmente válidos en otras circunstancias.

Por ejemplo, si una persona con capacidad reducida compra un producto pequeño, como una tableta de chocolate en una tienda, normalmente se considera una transacción válida y exigible, ya que entra dentro de las compras cotidianas de bajo valor en efectivo. Sin embargo, si esa misma persona firma un contrato financiero a largo plazo, como un plan de telefonía móvil o un préstamo, puede que no entienda completamente las obligaciones legales y financieras del acuerdo. En ese caso, el contrato puede ser anulable si un tribunal determina que no tenía capacidad al momento de firmar.

Capacidad para contratar limitada por motivos de salud mental

Además de los menores de edad, los adultos con trastornos mentales graves o deterioros cognitivos también pueden tener la capacidad para contratar limitada, sin importar su edad. Los tribunales evalúan esta capacidad caso por caso, normalmente con base en evidencia médica. La incapacidad debe ser más que temporal: estados como el duelo o el estrés no anulan automáticamente un contrato.

Algunos ejemplos de condiciones que pueden afectar la capacidad para contratar son:

• Discapacidad intelectual: si una persona tiene un diagnóstico que le impide entender contratos, el tribunal puede designar un tutor legal para que gestione sus asuntos financieros.
• Alucinaciones o trastornos psicóticos: quienes sufren delirios o episodios psicóticos graves pueden no entender las consecuencias legales de sus actos.
• Demencia avanzada o enfermedad de Alzheimer: cuando la persona no comprende los términos ni las implicaciones del contrato, puede considerarse legalmente incapaz.
• Trastornos del estado de ánimo graves (como trastorno bipolar o depresión mayor): estos pueden afectar la toma de decisiones, aunque no invalidan automáticamente un contrato, salvo que se demuestre que la persona no tenía capacidad legal en ese momento.

Dado que la protección de personas con capacidad contractual limitada tiene prioridad sobre el cumplimiento de los contratos, los tribunales pueden declarar nulos aquellos acuerdos firmados por alguien sin capacidad. Sin embargo, solo un tribunal puede tomar esta decisión, y normalmente requiere evaluaciones médicas, lo cual puede ser estresante para la persona afectada.

Tipos de incapacidad legal

Las personas con discapacidades mentales pueden clasificarse según distintos grados de incapacidad legal, dependiendo del nivel de afectación:

• Incapacidad legal parcial: la persona tiene una condición mental que afecta solo ciertos aspectos de su capacidad de decisión. Por ejemplo, puede sufrir alucinaciones, pero desenvolverse con normalidad en su vida diaria. En estos casos, los contratos complejos pueden ser anulables, pero las transacciones sencillas siguen siendo válidas.
• Incapacidad legal relativa: hay personas que pueden manejar transacciones simples, como comprar comida o una entrada de cine, pero no tienen capacidad para acuerdos complejos o a largo plazo, como firmar un contrato de arrendamiento o solicitar un préstamo sin supervisión legal.

Representación legal para adultos con capacidad limitada

Si un adulto pierde la capacidad de tomar decisiones legales o financieras debido a una enfermedad, un deterioro cognitivo o un accidente, puede necesitar un representante legal que actúe en su nombre. En EE. UU., esto suele gestionarse a través de las siguientes figuras:

1. Tutela o curatela (Guardianship o Conservatorship): un tutor o curador designado por un tribunal se encarga de tomar decisiones financieras y legales por una persona adulta que no puede gestionar sus propios asuntos. Esto es común en casos de discapacidades intelectuales graves, demencia avanzada o enfermedades mentales incapacitantes.

2. Poder notarial (Power of Attorney o POA): una persona puede otorgar a alguien de confianza la autoridad legal para manejar sus asuntos si llega a quedar incapacitada. Un poder notarial duradero (durable POA) sigue siendo válido incluso si la persona pierde la capacidad, mientras que un POA estándar se anula si se declara legalmente incompetente.

3. Representante médico (Health Care Proxy): es posible designar a alguien específicamente para tomar decisiones médicas, especialmente en casos de enfermedades progresivas como el Alzheimer.

Mientras que los padres son los tutores legales por defecto de los menores, la tutela de adultos solo puede ser otorgada por un tribunal cuando sea necesario. Además, la persona designada no tiene que ser un familiar directo: también puede ser un cónyuge, hermano o incluso un tutor profesional.

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