¿Qué es la capacidad para contratar?

A di­fe­re­n­cia de la capacidad legal, que todas las personas tienen desde su na­ci­mie­n­to, la capacidad para contratar o capacidad co­n­tra­c­tual depende de factores como la edad y la salud mental. Algunas personas no tienen esta capacidad y, por lo tanto, no son co­n­si­de­ra­das le­ga­l­me­n­te co­m­pe­te­n­tes. Esto tiene como finalidad pro­te­ge­r­las frente a co­n­se­cue­n­cias legales o eco­nó­mi­cas no in­te­n­cio­na­das. Este principio aplica pri­n­ci­pa­l­me­n­te a menores de edad y a personas con di­s­ca­pa­ci­da­des mentales graves.

¿Qué es la capacidad para contratar?

La capacidad para contratar se refiere a la aptitud legal de una persona para celebrar acuerdos que sean le­ga­l­me­n­te vi­n­cu­la­n­tes. En Estados Unidos, se presume que toda persona de 18 años o más tiene plena capacidad para contratar. Esto significa que puede, le­ga­l­me­n­te, aceptar o asumir co­m­pro­mi­sos co­n­tra­c­tua­les, como firmar un contrato de alquiler o solicitar un préstamo.

Sin embargo, esta capacidad puede estar limitada por la edad o por in­ca­pa­ci­dad mental:

• Los menores de edad (menores de 18 años) por lo general no tienen plena capacidad para contratar. La mayoría de los contratos que firman son anulables (voidable), lo que significa que pueden ca­n­ce­lar­los antes de cumplir los 18 o poco después. No obstante, los contratos re­la­cio­na­dos con ne­ce­si­da­des básicas (como ali­me­n­ta­ción, vivienda o atención médica) suelen ser válidos y exigibles (en­fo­r­cea­ble).
• Las personas con di­s­ca­pa­ci­da­des mentales pueden carecer de capacidad para contratar si, en el momento de firmar, no co­m­pre­n­den la na­tu­ra­le­za y las co­n­se­cue­n­cias del contrato. Si esto se demuestra ante un tribunal, el contrato puede ser anulado. Esto se aplica a personas con di­s­ca­pa­ci­da­des co­g­ni­ti­vas graves, en­fe­r­me­da­des mentales o que es­tu­vie­ran bajo los efectos del alcohol o drogas en el momento de aceptar el acuerdo.

El objetivo de estas normas es proteger a las personas de causar daño a sí mismas a nivel económico sin darse cuenta. A di­fe­re­n­cia de otros países, como Alemania, el sistema legal de EE. UU. no aplica ca­te­go­rías estrictas de edad, sino que evalúa la capacidad caso por caso.

Capacidad para contratar según la edad

Menores de edad (menores de 18 años)

En general, los menores no tienen plena capacidad co­n­tra­c­tual, lo que significa que la mayoría de los contratos que firman son anulables. Esto les da el derecho de cancelar o hacer cumplir el contrato antes de cumplir los 18 años, o dentro de un plazo razonable después de alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, existen ex­ce­p­cio­nes en las que los contratos son vi­n­cu­la­n­tes, como en el caso de acuerdos re­la­cio­na­dos con ne­ce­si­da­des básicas como ali­me­n­ta­ción, ropa, vivienda, atención médica o educación. Algunos contratos laborales también pueden ser exigibles, de­pe­n­die­n­do de la le­gi­s­la­ción estatal.

Los menores pueden pa­r­ti­ci­par en acuerdos laborales in­fo­r­ma­les, como trabajos de niñera, ja­r­di­ne­ría o empleos es­ta­cio­na­les, y en general se espera que cumplan con sus obli­ga­cio­nes en estos casos. En algunos estados, los menores también pueden firmar contratos formales de trabajo a tiempo parcial, aunque las leyes laborales pueden exigir el co­n­se­n­ti­mie­n­to de un padre o tutor legal.

Además, los contratos aprobados por un tribunal, como los del sector del en­tre­te­ni­mie­n­to en estados como Ca­li­fo­r­nia, son le­ga­l­me­n­te vi­n­cu­la­n­tes. Los menores que han sido le­ga­l­me­n­te ema­n­ci­pa­dos —ya sea por ma­tri­mo­nio, servicio militar o decisión judicial— se co­n­si­de­ran adultos y tienen plena capacidad para contratar.

Re­pre­se­n­ta­ción legal de menores

Por lo general, cua­l­quie­ra de los padres puede actuar como re­pre­se­n­ta­n­te legal de su hijo menor, con la autoridad para tomar de­ci­sio­nes en su nombre. Si los padres tienen la custodia co­m­pa­r­ti­da, suelen compartir también la re­s­po­n­sa­bi­li­dad de decidir sobre el bienestar del menor. Si un menor no tiene padres vivos o si estos son co­n­si­de­ra­dos no aptos para ejercer la patria potestad, un tutor legal designado por un tribunal asume ese rol.

Cuando los padres no están de acuerdo en una decisión im­po­r­ta­n­te que afecta al menor —como tra­ta­mie­n­tos médicos o vacunas—, un tribunal de familia puede in­te­r­ve­nir. En ese caso, el juez puede conceder a uno de los padres la autoridad exclusiva para decidir, si considera que es lo mejor para el menor. Existen pre­ce­de­n­tes de este tipo de de­ci­sio­nes en estados como Florida.

Adultos (18 años o más)

En EE. UU., las personas de 18 años en adelante se presumen con plena capacidad para contratar. Cualquier contrato que firmen es le­ga­l­me­n­te vi­n­cu­la­n­te, salvo que se demuestre que no tenían la capacidad de entender lo que estaban aceptando. Una excepción común es la in­ca­pa­ci­dad mental, que puede hacer que el contrato sea anulable si la persona no co­m­pre­n­día la na­tu­ra­le­za y co­n­se­cue­n­cias del acuerdo debido a una en­fe­r­me­dad o di­s­ca­pa­ci­dad mental. Otra excepción es el estado de em­bria­guez o in­to­xi­ca­ción. Si la persona estaba gra­ve­me­n­te afectada al momento de firmar y no podía entender lo que hacía, el contrato puede ser anulable. Sin embargo, los tri­bu­na­les rara vez aceptan la in­to­xi­ca­ción como defensa, a menos que se pruebe una afe­c­ta­ción extrema.

Personas mayores y adultos con di­s­ca­pa­ci­da­des mentales

Los adultos, in­clu­ye­n­do personas mayores, en principio se co­n­si­de­ran con plena capacidad para contratar, salvo que haya pruebas de lo contrario. No obstante, un contrato puede ser anulado si se demuestra que la persona no era me­n­ta­l­me­n­te co­m­pe­te­n­te en el momento de firmar.

Los tri­bu­na­les suelen usar dos criterios para evaluar esto:

• El test cognitivo, que analiza si la persona co­m­pre­n­día el contrato.
• El test volitivo, que evalúa si, a pesar de una en­fe­r­me­dad mental, la persona podía tomar una decisión vo­lu­n­ta­ria.

Si alguien tiene asignado un tutor legal o existe un poder notarial (power of attorney), esa persona será la re­s­po­n­sa­ble de firmar contratos en su nombre.

Pro­te­c­cio­nes legales

Si alguien que no tiene capacidad legal firma un contrato, este puede ser anulado o cancelado. En el caso de menores, algunos estados tienen reglas adi­cio­na­les si el menor mintió sobre su edad. En algunos estados, aun así, se le permite al menor anular el contrato; en otros, puede co­n­si­de­rar­se que debe cumplirlo.

Además, hay contratos firmados por menores que pueden volverse ple­na­me­n­te vi­n­cu­la­n­tes una vez que cumplen los 18 años, a menos que decidan ca­n­ce­lar­los ac­ti­va­me­n­te dentro de un plazo razonable.

Li­mi­ta­cio­nes para adultos

Aunque existen re­s­tri­c­cio­nes legales de edad para ciertas ac­ti­vi­da­des —como comprar alcohol o apostar—, la capacidad general de una persona adulta para firmar contratos no está limitada, a menos que se determine que carecía de capacidad mental en el momento de firmar.

La capacidad co­n­tra­c­tual puede verse total o pa­r­cia­l­me­n­te limitada si una persona padece una en­fe­r­me­dad mental grave o un deterioro cognitivo. Según la gravedad del caso, alguien que no tiene la capacidad de tomar ciertas de­ci­sio­nes puede, aun así, celebrar contratos le­ga­l­me­n­te válidos en otras ci­r­cu­n­s­ta­n­cias.

Por ejemplo, si una persona con capacidad reducida compra un producto pequeño, como una tableta de chocolate en una tienda, no­r­ma­l­me­n­te se considera una tra­n­sac­ción válida y exigible, ya que entra dentro de las compras co­ti­dia­nas de bajo valor en efectivo. Sin embargo, si esa misma persona firma un contrato fi­na­n­cie­ro a largo plazo, como un plan de telefonía móvil o un préstamo, puede que no entienda co­m­ple­ta­me­n­te las obli­ga­cio­nes legales y fi­na­n­cie­ras del acuerdo. En ese caso, el contrato puede ser anulable si un tribunal determina que no tenía capacidad al momento de firmar.

Capacidad para contratar limitada por motivos de salud mental

Además de los menores de edad, los adultos con tra­s­to­r­nos mentales graves o de­te­rio­ros co­g­ni­ti­vos también pueden tener la capacidad para contratar limitada, sin importar su edad. Los tri­bu­na­les evalúan esta capacidad caso por caso, no­r­ma­l­me­n­te con base en evidencia médica. La in­ca­pa­ci­dad debe ser más que temporal: estados como el duelo o el estrés no anulan au­to­má­ti­ca­me­n­te un contrato.

Algunos ejemplos de co­n­di­cio­nes que pueden afectar la capacidad para contratar son:

• Di­s­ca­pa­ci­dad in­te­le­c­tual: si una persona tiene un dia­g­nó­s­ti­co que le impide entender contratos, el tribunal puede designar un tutor legal para que gestione sus asuntos fi­na­n­cie­ros.
• Alu­ci­na­cio­nes o tra­s­to­r­nos psi­có­ti­cos: quienes sufren delirios o episodios psi­có­ti­cos graves pueden no entender las co­n­se­cue­n­cias legales de sus actos.
• Demencia avanzada o en­fe­r­me­dad de Alzheimer: cuando la persona no comprende los términos ni las im­pli­ca­cio­nes del contrato, puede co­n­si­de­rar­se le­ga­l­me­n­te incapaz.
• Tra­s­to­r­nos del estado de ánimo graves (como trastorno bipolar o depresión mayor): estos pueden afectar la toma de de­ci­sio­nes, aunque no invalidan au­to­má­ti­ca­me­n­te un contrato, salvo que se demuestre que la persona no tenía capacidad legal en ese momento.

Dado que la pro­te­c­ción de personas con capacidad co­n­tra­c­tual limitada tiene prioridad sobre el cu­m­pli­mie­n­to de los contratos, los tri­bu­na­les pueden declarar nulos aquellos acuerdos firmados por alguien sin capacidad. Sin embargo, solo un tribunal puede tomar esta decisión, y no­r­ma­l­me­n­te requiere eva­lua­cio­nes médicas, lo cual puede ser es­tre­sa­n­te para la persona afectada.

Tipos de in­ca­pa­ci­dad legal

Las personas con di­s­ca­pa­ci­da­des mentales pueden cla­si­fi­car­se según distintos grados de in­ca­pa­ci­dad legal, de­pe­n­die­n­do del nivel de afe­c­ta­ción:

• In­ca­pa­ci­dad legal parcial: la persona tiene una condición mental que afecta solo ciertos aspectos de su capacidad de decisión. Por ejemplo, puede sufrir alu­ci­na­cio­nes, pero des­en­vo­l­ve­r­se con no­r­ma­li­dad en su vida diaria. En estos casos, los contratos complejos pueden ser anulables, pero las tra­n­sac­cio­nes sencillas siguen siendo válidas.
• In­ca­pa­ci­dad legal relativa: hay personas que pueden manejar tra­n­sac­cio­nes simples, como comprar comida o una entrada de cine, pero no tienen capacidad para acuerdos complejos o a largo plazo, como firmar un contrato de arre­n­da­mie­n­to o solicitar un préstamo sin su­pe­r­vi­sión legal.

Re­pre­se­n­ta­ción legal para adultos con capacidad limitada

Si un adulto pierde la capacidad de tomar de­ci­sio­nes legales o fi­na­n­cie­ras debido a una en­fe­r­me­dad, un deterioro cognitivo o un accidente, puede necesitar un re­pre­se­n­ta­n­te legal que actúe en su nombre. En EE. UU., esto suele ge­s­tio­nar­se a través de las si­guie­n­tes figuras:

1. Tutela o curatela (Gua­r­dia­n­ship o Co­n­se­r­va­to­r­ship): un tutor o curador designado por un tribunal se encarga de tomar de­ci­sio­nes fi­na­n­cie­ras y legales por una persona adulta que no puede gestionar sus propios asuntos. Esto es común en casos de di­s­ca­pa­ci­da­des in­te­le­c­tua­les graves, demencia avanzada o en­fe­r­me­da­des mentales in­ca­pa­ci­ta­n­tes.

2. Poder notarial (Power of Attorney o POA): una persona puede otorgar a alguien de confianza la autoridad legal para manejar sus asuntos si llega a quedar in­ca­pa­ci­ta­da. Un poder notarial duradero (durable POA) sigue siendo válido incluso si la persona pierde la capacidad, mientras que un POA estándar se anula si se declara le­ga­l­me­n­te in­co­m­pe­te­n­te.

3. Re­pre­se­n­ta­n­te médico (Health Care Proxy): es posible designar a alguien es­pe­cí­fi­ca­me­n­te para tomar de­ci­sio­nes médicas, es­pe­cia­l­me­n­te en casos de en­fe­r­me­da­des pro­gre­si­vas como el Alzheimer.

Mientras que los padres son los tutores legales por defecto de los menores, la tutela de adultos solo puede ser otorgada por un tribunal cuando sea necesario. Además, la persona designada no tiene que ser un familiar directo: también puede ser un cónyuge, hermano o incluso un tutor pro­fe­sio­nal.

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